Fuente NOSIS -
En la Unidad de Información Financiera (UIF) comenzaron a trabajar para flexibilizar la normativa dictada a principios para reforzar los controles y evitar maniobras de lavado de dinero en actividades bursátiles.
Según se prevé, la lupa oficial ya no estará puesta en cada compra o venta de acciones o títulos públicos sino cada vez que en el mercado se perciba un ingreso de fondos. A principios de febrero, la Resolución 33 de la UIF determinó que quienes compren y vendan títulos en el Mercado de Capitales por montos iguales o superiores a los 40.000 pesos, tendrán que presentar una declaración jurada de bienes. Y cuando superen los 200.000 pesos tendrán que presentar documentación respaldatoria sobre el origen de esos fondos.
Ante los reclamos de los operadores, técnicos de la Unidad que dirige José Sbatella indicaron al diario El Cronista Comercial que "va a haber una actualización en el umbral". La idea sería llevar a 300.000 pesos el piso a partir del cual se exigirá documentación respaldatoria y a una cifra aún no definida la obligación de adjuntar una declaración jurada. La idea de llevar a 300.000 pesos el monto mínimo para la documentación respaldatoria es que la cifra guarde correspondencia con la que fue fijada para el delito penal en la ley antilavado sancionada recientemente en el Congreso.
Las objeciones a la regulación oficial fueron esbozadas durante un seminario que la UIF organizó con la Comisión Nacional de Valores (CNV).
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