El GAFI advirtió, según afirmó el ministro de Justicia Julio Alak, que de no haber una modificación del tipo penal de lavado estipulado en la ley argentina antes de la próxima reunión del grupo, prevista para el 20 de junio en la Ciudad de México, el país será sancionado. La aprobación de una nueva norma es una exigencia del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), una organización dedicada a coordinar el combate mundial contra el blanqueo de activos.
Concretamente, se incrementarían los controles financieros internacionales sobre la Argentina y se abriría un proceso que podría terminar en la inclusión en una "lista gris" del GAFI, integrada por países que no demuestran voluntad política para combatir el blanqueo de activos. "Nos quedan 54 días para tener que exponer en México. La sanción la van a padecer los sistemas económico, financiero y comercial, y, después, toda la sociedad argentina", sostuvo Alak, que concurrió al Congreso acompañado por José Sbatella, jefe de la Unidad de Información Financiera (UIF).
El funcionamiento de ese organismo, encargado de la lucha contra el lavado de dinero, fue blanco de las críticas opositoras. Los diputados del arco no kirchnerista responsabilizaron a la Casa Rosada por la eventual sanción al país, reclamaron que la UIF cobrara mayor independencia y manifestaron sus sospechas de que es usada para perseguir a opositores. "Nadie quiere que el país sea sancionado. Pero nuestros planteos sobre la necesidad de una UIF despolitizada y con mayor transparencia siguen sin respuestas", dijo el diputado Gustavo Ferrari (Peronismo Federal), tras la exposición del ministro.
"La Presidenta se acordó tarde. Hace más de seis años que el país es observado por su falta de cooperación y de capacitación técnica en la prevención y represión del delito de lavado de dinero", afirmó la diputada Margarita Stolbizer (Gen).
La cruda advertencia de Alak fue un nuevo intento del oficialismo de acelerar la aprobación del proyecto de ley que el Poder Ejecutivo envió al Congreso, en junio pasado. La presidenta Cristina Kirchner había reclamado la sanción de la ley durante su discurso en la apertura del período de sesiones ordinarias del Congreso, el 1º de marzo.
Hace dos semanas, las comisiones de Legislación Penal y de Finanzas de la Cámara baja emitieron tres dictámenes: uno de mayoría, del oficialismo, y dos de minoría, de la oposición. Los tres plantean, entre otras cosas, la modificación del tipo penal de blanqueo de activos, para que deje de ser una modalidad de encubrimiento y se convierta en un delito autónomo. Es el principal reclamo del GAFI.
La deficiencia del actual tipo penal, que exige la comprobación del delito precedente, es, de acuerdo con los especialistas en la materia, el motivo más importantes para explicar la baja eficacia en la persecución judicial de ese delito. Desde la sanción de la ley vigente, en 2000, hasta hoy, sólo hubo una condena.
Las diferencias más importantes entre los dictámenes giran en torno de la independencia y las funciones de la UIF. El oficialismo propone que la designación del titular siga, como hasta ahora, a cargo del Poder Ejecutivo y le da al organismo la capacidad de intervenir en las causas judiciales sobre lavado.
La oposición plantea que las autoridades del organismo sean designadas por el Poder Ejecutivo, pero propone que los postulantes integren una terna que surja de un concurso dirigido por un jurado de expertos. Además, con el argumento de evitar persecuciones políticas, los opositores quieren impedir la capacidad de intervención del organismo en las causas judiciales que no fueron iniciadas por una denuncia de la UIF. Alak cerró las puertas a la posibilidad de quitarle al organismo la facultad de querellar. "Resignar el instrumento de la querella no sería oportuno", dijo. Tampoco cedió ante el reclamo opositor para elegir a las autoridades de la UIF por concurso.
El proyecto sólo podría debatirse en el recinto esta semana. Restarán entonces 46 días para evitar la sanción internacional.
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