Raúl Plee, fiscal de Cámara
La principal crítica a las políticas contra el lavado de dinero se centran en la falta de cultura de decomiso de los bienes de los delincuentes por parte de los jueces.En tal sentido, el juez de la Cámara en lo Penal Económico Claudio Gutiérrez de la Cárcova dijo que no quiero criticar a mis superiores, pero la Cámara de Casación me obliga a devolver los bienes a los narcotraficantes cuando se los decomiso, al exponer en el marco del 2º Marteau Global Workshop (2MGW), organizado por el estudio Marteau Abogados.
El crimen organizado mueve muchísimo dinero y por eso tiene un gran poder corruptor sobre los jueces y la policía, remarcó el magistrado, y también declaró que para concretar el narcotráfico y el lavado se necesitan empresarios y despachantes de aduana, así como responsables desde el Estado y hasta de los municipios.
El fiscal de Cámara de Casación Penal a cargo de la Unidad de Lavado de Dinero, Raúl Plee, apoyó en el mismo marco que debe cambiar la cultura de los jueces respecto del decomiso de los bienes del delito organizado.
Sin decomiso de los bienes, el narcotraficante se ríe desde la cárcel y sigue aumentando su riqueza desde su detención de lujo, indicó a su turno Mariano Federici, coordinador regional del FMI en materia de lavado de dinero.
Plee y Gutiérrez de la Cárcova coincidieron en que “a los allanamientos va la policía con un perro y un químico, pero nunca llevan a un contador que pueda detectar los contratos de sociedades y las chequeras que están en la mesita de luz.
Por su parte, el juez en lo Criminal y Correccional Federal Ariel Lijo se quejó no sólo de la falta de cooperación internacional para perseguir el lavado de dinero, sino también de la colaboración entre los propios colegas de la Justicia porteña.
Además de las críticas al funcionamiento judicial, los especialistas que expusieron en el 2MGW cuestionaron la política oficial de impulsar el cumplimiento formal de normativa sobre reportes sistemáticos por parte de sujetos obligados de distintas actividades, al afirmar que se miente cuando no hay verdadero análisis de riesgo y sólo se dice que se cumple para que no sancione el GAFI.
Cuando el énfasis se pone en perseguir la compra de divisas o la evasión, o controlar el comercio exterior, el Gobierno deslegitima la actuación de la Unidad de Información Financiera (UIF), que lo que debe perseguir es al lavado de dinero por parte del delito organizado, enfatizó Juan Félix Marteau al inaugurar el seminario internacional.
No queremos soluciones burocráticas blancas o negras para conformar al GAFI, sino prevención razonable, que tenga proporcionalidad, expresó Bettina Lang, secretaria de Finanzas de la Embajada de Alemania.
Del mismo modo, Ricardo Gil Iribarne, del GAFISud, manifestó que si se trabaja para la evaluación de los organismos, no se está haciendo lo correcto, aunque sirva para detectar debilidades. Pasar de cero a pretender controlar todo, es lo mismo que no hacer nada, subrayó.
Nikos Passas, profesor de Criminología de la Northeastern University de Boston, dijo que la Argentina es permeable al lavado de dinero debido a la alta informalidad de su economía. No sólo se deben vigilar a los arbolitos, los coleros y las cuevas, sino también las remesas de dinero al exterior, ironizó.
