En la reunión de Legislación General el kirchnerismo aceptó las críticas al proyecto y modificará varios conceptos cuestionados. Así, hay un principio de acuerdo para realizar el jueves 08/09 un plenario con Asuntos Constitucionales y Agricultura.
 |
JUEVES 08/09 HABRÁ PLENARIO DE COMISIONES
|
CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24). El matrimonio Kirchner hace 8 años que conduce los destinos de la Argentina, y en ningún momento, hasta ahora, se interesó en la existencia del gran vacío legal exitente que permite la apropiación de preciados sectores del territorio nacional.
En al ámbito del Congreso Nacional existen numerosos proyectos que contemplan esta situación, pero jamás se mostró interés alguno por tratarlos. Era evidente que las premuras e intereses políticos no pasaban por allí, hasta que en la Asamblea Legislativa del 1 de marzo de 2011, el diputado chaqueño de la UCR, Pablo Orsolini le recordó en pleno recinto de la imperiosa necesidad de darle luz a las numerosas iniciativas que se encontraban en el seno de la Cámara baja.
"Vamos a enviar un proyecto que tiene la Ley de Propiedad de la Tierra en la República Argentina que tiene que ser lo suficientemente inteligente para que no tenga un sesgo anti-inversor que nos plantee a los argentinos como xenófobos y refractarios a cualquier tipo de inversión. Hoy es un modelo que también está llevando a cabo Brasil, hay modelos a mirar, no vamos a inventar nada nuevo, es simplemente dar un instrumento que asegure que los recursos, que van a ser vitales para el siglo XXI, sigan precisamente en órbita y en competencia nacional, que no significa desalentar la inversión extranjera", Cristina Fernández, luego del pedido de Orsolini y casi al cierre de su discurso en la Asamblea Legislativa, según conta en la version táquigrafica de la inauguración del 129º periódo de Sesiones Ordinarias del Congreso de la Nación.
Por lo conocido; por los datos que andan dando vueltas; y por las preocupaciones políticas-electorales que ocupan a la mayoría de los diputados, el tratamiento de la Ley de Extranjerización de Tierras que pretende Cristina, es muy difícil, por no decir imposible, que tenga pista hasta después del 23 de Octubre en la Cámara baja. Los diputados que quieren darle una alegría extra a CFK aportarán su mejor buena voluntad para que se haga realidad y así cumplir con el pedido de la propia presidente
En medio de un profundo debate -que hace mucho tiempo no se veía- en Diputados, el oficialismo informó que el Ejecutivo aceptará realizarle modificaciones al texto sobre extranjerización de tierras enviado al Congreso, luego de que legisladores de diferentes bloques señalaran varios cuestionamientos a la iniciativa.
Uno de los artículos que será modificado es el 7 mo donde se establece el límite para la adquisición de tierras por parte de extranjeros en el 20% del territorio total del país. Aquí se cambiará la redacción para que ese límite de 20% sea para las tierras de cada municipio y las provincias.
También se cambiará el artículo 10 para establecer una mayor protección sobre las parcelas que tengan recursos naturales estratégicos en su interior, y se está analizando una cláusula de residencia para los extranjeros que pretendan adquirir tierras.
Como no hubo plenario por la ausencia de las comisiones de Agricultura y de Asuntos Constitucionales, la comisión de Legislación General, le dio potestad a su titular Vilma Ibarra, para negociar la reunión plenaria y, en caso de que no se concrete, emplazar en el recinto a las dos comisiones.
De acuerdo a lo que adelantó Vilma Ibarra, Graciela Camaño (Asuntos Constitucionales) comprometió la presencia para el jueves 8/09 a las 10:00, mientras que aún se desconoce la postura que adoptará Juan Casañas presidente de la Comisión de Agricultura y Ganadería
Ibarra precisó que "la mayoría de los bloques ha manifestado su disposición" a considerar el tema, para el que se han presentado proyectos de ley de los distintos sectores dela Cámara, además de la iniciativa que envió el Poder Ejecutivo en abril último, por lo que estima que puede haber media sanción en Diputados en las próximas semanas.
"Es necesario legislar para preservar la tenencia en poder de productores agropecuarios argentinos", señaló Ibarra.
"Vamos a convocar a la Comisiòn de Asuntos Constitucionales para debatir el tema", dijo Graciela Camaño ante la consulta de Urgente24. Enseguida aclaró "es posible que hagamos una reunión plenaria, la semana que viene", con las comisiones de Legislaciòn General y Agriculura y Ganadería.
El texto
La iniciativa pretende "regular, respecto de las personas físicas y jurídicas, los límites a la titularidad de tierras rurales, cualesquiera sea su uso o producción (...) tengan o no su domicilio real en la República Argentina (...) o sociedades cuya proporción superior al 51% sea de titularidad de personas físicas o jurídicas de nacionalidad extranjera" incluso sociedades cuyo 25% sea controlado por capitales del exterior.
El proyecto en su artículo 7mo, limita al 20% el control de las tierras a extranjeros y prevé la creación de un Registro Nacional de Tierras Rurales cuyo monitoreo estará en manos, al igual que la ley de medios, por una "Autoridad de Aplicación". Este ente será compartido por el Ministerio de Justicia, del Interior y de Agricultura.
También establece que el Gobierno no vulnerará los derechos adquiridos de los extranjeros que hoy poseen tierras en el país, pero les exigirá informar al Estado sobre su titularidad en un plazo de seis meses. Y también ordena realizar un registro catastral y dominial en 180 días.
El Artículo 9, en tanto, señala que "Las tierras rurales de un mismo titular extranjero no podrán superar las 1.000 hectáreas cualquiera sea su lugar de ubicación".
La normativa hace una aclaración en el Artículo 10º: "No se entenderán como inversión la adquisición de tierras rurales por tratarse de un recurso no renovable que aporta al país que recibe la inversión"
A su vez, los extranjeros tendrán 180 días desde que entre en vigor la normativa para "proceder a la denuncia ante la Autoridad de Aplicación de dicha titularidad". La norma está inspirada en la ley vigente en Brasil y toma también puntos de normativas establecidas en la materia en Estados Unidos, Francia, Canadá, España y el Reino Unido.
